¿Es culpable Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones en su contra?
El día 22 de agosto los fiscales Luciani y Mola dieron los alegatos finales de la Causa Vialidad. A ello se le sumó el pedido de la vicepresidenta para volver a declarar, el cual fue negado y por ello dio una presentación por redes sociales.
El 22 de agosto durante la novena jornada de alegatos, el fiscal federal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma petición fue hecha para el resto de los doce acusados en la causa vialidad.
El resumen de acusados, sus cargos en el momento y los pedidos son: Cristina Kirchner (ex presidenta) 12 años; Lázaro Báez (empresario) 12 años; Julio De Vido (ex ministro de Planificación) 10 años; José López (ex secretario de Obras Públicas) 10 años; Nelson Periotti (ex titular Dirección Nacional de Vialidad DNV) 10 años; Mauricio Collareda (jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV) 6 años; Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la AGVP) 6 años; Raúl Daruich (responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV) 5 años; Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP) 5 años; Abel Fatala (subsecretario de Obras Públicas) 4 años de prisión; José Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de AGVP) 4 años; Héctor Garro (ex presidente de la AGVP) 3 años de prisión en suspenso; Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal) absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
El fiscal Sergio Mola comenzó los alegatos y analizó las acciones y responsabilidades de todos los implicados en la causa. Sostuvo que el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, no podía desconocer sobre los hechos: “A esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.
Expuso además sobre una preferencia de la empresa de Baez: “empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial”. Explicó a continuación el peritaje realizado sobre cinco de las 51 obras que fueron adjudicadas dieron como resultado más de 173 millones de dólares de sobreprecio.
“El perjuicio patrimonial es enorme. Todo lo invertido por el Estado en las obras abandonadas debe ser considerado perjuicio. Estamos hablando de un perjuicio que ascendió a 3571 millones de pesos. Más de 539 millones de dólares es lo que se dilapidó” Y agregó: “Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor 5321 millones de pesos, aproximadamente 1000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada”.
Luciani, por su parte, dijo en sus alegatos: “Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
Cristina fue acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para ello el fiscal tuvo en cuenta los siguientes puntos: la magnitud de los delitos, su aporte principal, su poder de dirección, los medios empleados, la extensión en el tiempo de los daños, el lucro personal y el apartamiento de escrúpulos.
Dijo: “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo” y sostuvo que “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.
“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada” expresó y dijo “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”.
Luciani indicó que, además de las condenas dichas, pedirá el decomiso de 5321 millones de pesos, aproximadamente 1000 millones de dólares (que es la expuesta por Mola) y decomisar propiedades de la familia Báez. Pidió que de dictarse una eventual condena, los bienes sean destinados a una entidad de bien público.
Finalizó diciendo: “La gran corrupción, está que describimos a lo largo de este alegato, afecta los derechos humanos” y agregó: “Fueron los sectores más pobres, los más vulnerables, los que se vieron más perjudicados por estas prácticas. Departamentos, campos, estancias, todos estos recursos podrían haberse destinado a proveer salud, seguridad, justicia”.
Una vez terminados los alegatos y pedidos de condenas, le tocará a las defensas alegar. Son trece en total y tendrán tres jornadas cada una para hacer sus presentaciones. Antes, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados de los acusados preparen sus exposiciones. Este proceso será hasta principios de septiembre.
A todo lo sucedido el pasado lunes 22 de agosto se sumó el pedido de la ex presidenta que, en sus redes sociales, anunció: “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto” tuiteó. Sin embargo el Tribunal Oral Federal 2 rechazó la petición.
Por ello el día de ayer, martes 23 agosto, Cristina declaró en su despacho del Senado de la Nación mediante YouTube donde afirmó que el proceso legal «contra Cristina Kirchner» sino que es «un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública».
Sobre los doce años que pidió el fiscal Luciani expresó: «nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo» y agregó: «los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos».
Compartió información sobre los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en el convento y dijo: «Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían” y acusó que «nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía».
Apuntó también al macrismo diciendo que los fiscales de la causa Vialidad «no vieron que había una asociación ilícita» entre José López y empresarios relacionados con la oposición como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez. «Cuando el fiscal Diego Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’, tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas» dijo.
Mientras tanto, los militantes comenzaron a llegar a la casa de la vicepresidenta. Allí realizaron una multitudinaria vigilia que se extendió hasta que salió de su vivienda rumbo al Senado, donde también fue recibida por sus seguidores, que permanecieron en las afueras del Congreso durante su alocución.
En el barrio donde reside Cristina hubo un enfrentamiento entre los seguidores y la oposición. En el conflicto el diputado provincial del Frente de Todos, Adrián Grana, fue detenido en los momentos de extrema tensión.
Por redes se sumaron muchos mensajes de apoyo y solidaridad con Fernández. Entre ellos:
Pablo Echarri que tuiteó “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar…”; Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, expresó “Rechazo la persecución judicial contra Cristina Kirchner, que atenta también contra las reglas claras de nuestra democracia, y ratifico mi solidaridad y acompañamiento a quien le cambió la vida a millones de argentinos y argentinas con sus políticas públicas”.
Alberto Fernández escribió en su Twitter: «Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas». Por su parte Sergio Massa dijo por el mismo medio: «es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes»
Fuente: Clarín, Infobae, Cronista, La Nación.