Argentina: Una mujer cordobesa sería la primera del país en haber demandado al Estado y a AstraZeneca por efectos adversos en la vacuna del COVID
Oriunda de Coronel Moldes, afirma en el documento legal que la momento de ser vacunada comenzó a síntomas extraños. Fue diagnosticada con Síndrome de Guillain Barré, estuvo en silla de ruedas sin poder mover casi nada de su cuerpo y hoy sigue en rehabilitación. Demandó por daños y perjuicios y reclama una suma millonaria.
Los tribunales de Argentina ya recibieron la primera demanda pública contra la vacuna AstraZeneca, la cual hace semanas reconoció que su vacuna del COVID-19 puede causar efectos secundarios poco comunes.
Una mujer identificada como Flavia Ochoa, oriunda de Coronel Moldes, Córdoba, y de 39 años de edad, afirmó sufrir Síndrome de Guillain Barré.
Se trata de un trastorno que afecta el sistema inmunitario del organismo, ataca los nervios y puede provocar la paralización de todo el cuerpo, tras la vacuna.
Demandó por daños y perjuicios a la firma AstraZeneca y al Estado Nacional, reclamando una suma millonaria.
Aunque se dio a conocer en los últimos días, junto con la polémica declaración del laboratorio ante la justicia británica, su reclamo comenzó mucho antes.
Inició un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud. Sin conseguir respuestas, llegó ahora a los tribunales federales de Río Cuarto.
Allí además busca que se declare la inconstitucionalidad de uno de los artículos que de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el COVID por las condiciones de indemnización patrimonial respecto de indemnizaciones.
El representante de la mujer, sostuvo: “Acá hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca”.
La demanda reclama:
- Resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente;
- 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573;
- 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance;
- 7,5 millones de pesos por daño moral;
- 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja;
- 49,5 millones de pesos por daño punitivo;
- 180.000 pesos por daño emergente.
El caso ahora está en manos del juez federal de Rio Cuarto Carlos Ochoa, quien corrió vista a la fiscalía para que opine sobre la competencia de la causa.
Fuentes judiciales indicaron al medio Infobae que se aguarda esa respuesta a la hora de definir el rumbo del expediente.
La demanda
Alrededor de Enero 2023, casi un año después de ser vacunada, una comisión médica de Río Cuarto, en virtud del retiro por invalidez que solicitó la demandante, dictaminó que posee una incapacidad laboral del 75,6%. En esta ocasión se afirmó que la incapacidad fue producto de la vacuna.
Según trascendió, la demanda dice lo siguiente:
“El día 04 de Enero de 2022 a las 11:30 hs., siguiendo fielmente las recomendaciones de ‘expertos’, acudí al centro de vacunación de Coronel Moldes que funcionaba en la casa de la historia y de la cultura, y me inocule la 3ra. dosis de la vacuna contra el Covid 19, marca ASTRAZENECA lote 77946, la inoculación la suministró el lic. en enfermería Pascheta, Franco Mat. 1-3078. A posteriori a las 19:30 Hs. del mismo día comencé con calambres fuertes, se me aflojaban las piernas, luego me tuve que acostar temprano por los fuertes dolores que padecía, al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja. Consultando a mi médico de cabecera, la doctora. me dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado, pues cuando acudí al hospital de mi pueblo (Coronel Moldes) me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna”, comienza.
Continúa diciendo que los médicos le dieron “decadrón y diclofenax” para mitigar por el fuerte dolor que sufría.
Cuenta que solo podía mover un poco las piernas y se le dormían los brazos.
Al día siguiente volvió al médico. Le dieron suero. La derivaron a un sanatorio privado. Radiografías, tomografías, punciones lumbares, análisis bioquímicos.
El diagnóstico indicó “síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia”. El neurólogo le avisó que estaría dos meses en silla de ruedas y un tratamiento de rehabilitación.
Hasta hoy continua recuperándose, caminando con andador y extrema debilidad en los miembros inferiores.
Desde lo descrito pasaron dos años pero la incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión continúan.
“Según mis médicos, ya no tendré mejorías en el futuro, debo lidiar con esta situación incapacitante de por vida”, afirmó.
Incluye a su pareja como víctima ya que el abrupto cambio en su vida también lo pasa junto a su pareja.
“Tenemos un hijo de solo cinco años, en este momento me siento totalmente vencido y superado por la situación. Debo afrontar las arduas tareas del hogar, y más aún cuando la carencia de recursos configuran un impedimento a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo, el hecho de poder someter a mi pareja a un tratamiento intenso de rehabilitación. Como pareja y padre, mi objetivo es agotar todas las vías a los efectos de mejorar mi calidad y la de mi familia”, dijo el hombre.
Presión Social
Según afirma la víctima en la demanda: “La inoculación fue producto de la gran presión social, laboral, de los medios de comunicación y coacción ejercida desde el mismo ESTADO, pues no tuve otra opción que inocularme, de lo contrario perdía mi trabajo”.
Asegura que confió en el consejo de los expertos, pero la decisión la hizo perder mucho más que el trabajo.
Y agregó: “Así, en ese contexto me inoculé una droga experimental que posee cláusula de indemnidad patrimonial y confidencialidad del contenido de los viales, pues la primera impide acciones contra sus fabricantes, la segunda conocer acabadamente el contenido de los viales, se violó flagrantemente mi consentimiento informado, se me acorraló entre dos opciones, o me inoculaba o caso contrario se me decretaba la muerte civil”.
En ese marco, aseveró: “El Estado actuó de manera negligente y culpable, rozando el dolo eventual, ya que obró de mala fe desconociendo y haciendo caso omiso a todas las garantías que requiere la inoculación de drogas experimentales”.
Asegura también que la llamada cláusula de Indemnidad de la ley de vacunas “impide el ejercicio de mi derecho a peticionar a las autoridades establecido en el Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional”.
Es decir, que el acceso al órgano jurisdiccional debe garantizarse aún más en el particular, ello debido a que las Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, forman y formaron parte de un ensayo clínico.
“Así lo establece la Resolución N° 2540/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 20/09/2021”, explica la demanda.
Fuentes: Perfil / Infobae / Rosario 3