Se cumplieron 26 años de las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero
La tragedia ocurrida el 3 de noviembre de 1995 tuvo como único objetivo borrar las pruebas de maniobras fraudulentas.
El 3 de noviembre del año 1995 la Fábrica Militar de Río Tercero explotó causando la muerte de siete personas, heridas en más de trescientas.
La Fábrica Militar era la encargada de recibir el armamento argentino, bajo el pretexto de que sería «reparado».
En realidad, desde esa localidad se trasladaban armas como contrabando a diferentes lugares. Entonces, esta explosión tuvo como objetivo borrar las pruebas de esas maniobras fraudulentas.
Cronología de la tragedia
El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, en la Fábrica Militar se iniciaron explosiones que se extendieron a lo largo de todo el día.
Allí fallecieron siete personas: Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela. Todas ellas eran ajenas a la planta y ninguna de los más de 400 empleados que estaban allí presentes resultaron muertas.
Las dos primeras explosiones ocurrieron de manera simultánea en el tinglado de la Planta de Cargas.
La segunda, de mayor intensidad, se produjo en los depósitos de Expedición y Suministros.
Las dos explosiones desencadenaron a su vez el estallido de decenas de miles de proyectiles de guerra acumulados en los polvorines del lugar.
Además de los fallecidos, más de trescientas resultaron heridas y afectadas por las explosiones.
Muchas casas quedaron destruidas, al igual que gran cantidad de autos. Los lugares más afectados fueron los barrios aledaños a la fábrica: Escuela, Las Violetas, Libertador, Cerino, entre otros.
A raíz de esto se iniciaron más de diez mil demandas por daños y perjuicios contra el Estado argentino, que por su parte estableció un fondo de 80 millones de dólares para atender las indemnizaciones, con un tope por persona de 50 mil dólares.
La investigación
A las 17:00 hs de ese dia, el entonces presidente Carlos Menem viajó a Río Tercero para ofrecer una conferencia de prensa, en la que informó que las explosiones se habían iniciado por accidente, exigiendo a los periodistas que difundan esa información.
Por otra parte, Ramón Mestre el gobernador de Córdoba de aquel entonces, ratificó las palabras del presidente, negando rotundamente la posibilidad de una tragedia intencional.
Luis Rodolfo Martínez primer juez instructor, mantuvo la teoría del jefe de Gobierno y sostuvo distintas posibilidades: El efecto lupa de los rayos del sol, generado por los vidrios del tinglado de la Planta de Carga; chispas generadas por el montacargas; una colilla de cigarrillos en cercanías al tambor de trotyl.
Todas las teorías fueron descartadas gracias a dos pericias, una de ellas en el año 1998 y la otra en 2003, impulsadas por Ana Elba Gritti una abogada y activista. Su esposo, Hoder Dalmasso, murió aquel día de las explosiones.
El juicio, llegó en 2014 a casi 20 años de aquel dia. El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba falló a favor de Gritti y Gaviglio y determinó que la fábrica había sido un centro de contrabando de armamentos y que las explosiones habían tenido lugar con el objetivo de borrar pruebas de este delito internacional.
La carátula de las condenas fue “estrago doloso agravado por la muerte de personas”. Los condenados fueron: Jorge Cornejo Torino, ex director de la fábrica (13 años); Marcelo Diego Gatto, jefe producción en aquel momento (13 años); Edberto Gonzáles de la Vega y Carlos Franke, que cumplían cargos jerárquicos en la DGFM (10 años cada uno).
Eugenia Gritti, hija de Ana Gritti, la única querellante penal en la causa judicial, y un emblema en la lucha por lograr respuestas judiciales creíbles frente a este suceso, y de Hoder Dalmasso, víctima fatal de la tragedia; a 26 años de ese día y siendo éste el primer aniversario sin Menem (que debía ser llevado a juicio en 2021, pero falleció tiempo antes) mencionó:
«La sensación es de haber renovado el duelo, la causa muere con el imputado y se reviven todas las ausencias y tristeza acumuladas en estos años.
No nos queda más remedio que aferrarnos a las pequeñas victorias logradas por nuestra madre y los abogados que tanto trabajaron para sostener la verdad por sobre todas las injusticias».
Además, agregó que «queda mucha deuda por parte del Estado para con Río Tercero, a nivel moral y económico. A pesar de las promesas del gobierno de acelerar los tiempos de la justicia estas nunca se cumplieron, todo lo contrario.
Y a nivel social la pregunta es realmente personal, pienso que mientras la sociedad argentina viva en la negación de la realidad los delincuentes siempre van a poder seguir ejerciendo sus propios negocios sucios que solo perjudican a los ciudadanos. No podemos ser un pueblo realmente libre si no tenemos memoria».